| Críticas de The Freedom House,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros
Sin Fronteras |
| Cuando la noticia cuestiona a la prensa,
no es noticia |
The Freedom House dice que la prensa
en la Argentina es “parcialmente libre”;
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación
por
las modificaciones introducidas a la Ley de Acceso a la Información
Pública y Reporteros sin Fronteras observó “tensiones” entre el Gobierno
y la prensa. Así los cuestionamientos abarcan a las empresas periodísticas,
al periodismo y a las autoridades nacionales. Los grandes diarios
porteños decidieron no brindar espacios en sus ediciones a los tres
pronunciamientos. Y el gobierno hizo silencio de radio. Qué cuestionan.
Problemas en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe
y Tierra del Fuego. |
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Tres instituciones internacionales
calificaron recientemente en forma crítica a la prensa argentina,
analizaron su situación y desarrollo como también el estado de la
libertad de expresión en nuestro país. Los diarios porteños han preferido
no reproducir la mayoría de esos documentos. Los informes son evaluaciones
que corresponden a los relevamientos que esas entidades realizaron
a lo largo de 2004. Una de esas instituciones concluye que los medios
de comunicación “continúan gozando de amplia credibilidad e influencia,
en parte debido al descrédito de las instituciones y los partidos
políticos”.
Las observaciones de las tres instituciones se produjeron luego de
que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a principios de este
año decidiera enviar a miembros de dicha organización a nuestro país.
Luego de entrevistarse con funcionarios, líderes políticos y periodistas
emitieron un comunicado. La visita tuvo repercusión en los medios
de comunicación, luego que el Presidente Kirchner replicara en forma
pública a la SIP. El DsD le dedicó una amplia cobertura a la visita
de la SIP y publicó en forma completa el documento que dio a conocer
en marzo en su reunión anual en Panamá. También hizo lo mismo el semanario
Noticias. (ver http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/16-3-2005.htm).
En el mes de mayo, se conoció el informe del organismo conservador
estadounidense “The Freedom House”, una entidad que clasifica a los
países en relación a la libertad de prensa como “libres”, “parcialmente
libres” o “no libres”. La Argentina, en su ránking figura como “parcialmente
libre”. Uno de los puntos críticos del informe de The Freedom House
fue para el episodio que le tocó vivir (en noviembre del año pasado)
al periodista Julio Nudler en el diario Página/12 y los ataques que
recibió de su colega Horacio Verbitsky (ver http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/15-11-2004.htm).
Criticó también la distribución de publicidad oficial y la mora en
la sanción de la Ley de Acceso a la Información. De todas formas destacó
que los medios en nuestro país siguen gozando de credibilidad pública.
El informe de The Freedom House sólo recibió unas líneas en el diario
La Nación, sin mencionar el caso Nudler.
En tanto, la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos – que depende de la Organización
de Estados Americanos - emitió en abril de este año un informe relativo
a la prensa en nuestro país, en el que repasó el estado de las investigaciones
de ataques a periodistas o medios del interior del país. También mostró
su preocupación por las modificaciones introducidas en el Senado a
la Ley de Acceso a la Información Pública. Las provincias de Salta,
Neuquén, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes y Córdoba, son mencionadas
en el trabajo por haber sido sedes de ataques a periodistas y medios
de comunicación. La institución sin embargo también resaltó algunos
avances en materia de libertad de prensa. Además, realizó un planteo
teórico sobre el peligro que implica la concentración mediática. Su
informe no fue publicado en ningún diario.
Por otra parte, la polémica organización Reporteros Sin Fronteras
(RSF), difundió en abril un reporte mundial sobre libertad de prensa,
que igualmente incluyó un capítulo para la Argentina. Allí también
cuestionó los ataques a los medios en algunas provincias y destacó
las “tensiones” entre el gobierno y el periodismo.
Clarín publicó el martes 17 de mayo un editorial titulado “Cruento
balance para la prensa libre” en donde tomó como base el informe mundial
de RSF, pero soslayó el capítulo referido a la Argentina. |
| The Freedom House |
Esta organización se define a sí misma como
“sin fines de lucro, apartidaria, Freedom House es una clara voz
para la democracia y la libertad en el mundo. A través de variados
rangos de programas internacionales y publicaciones, trabajamos
para avanzar en todo el mundo por una destacable expansión de la
libertad política y económica”.
Su sitio de Internet señala que fue fundada casi sesenta años atrás
por Eleanor Roosvelt, esposa del ex presidente Franklin Delano Roosvelt.
Su actual titular (chairman) es James Woolsey, quien en su currículum
no oculta que fue director de la CIA en el período 1993-1995. Entre
quienes financian el Freedom House, se encuentran: el Departamento
de Estado norteamericano, el National Endowrment for Democracy (institución
que financia a sectores de la oposición venezolana), The Soros Foundation,
The Ford Foundation y Unilever United States Foundation.
En su apartado referido exclusivamente a nuestro país, The Freedom
House, señaló:
“La estabilidad política relativa de la Argentina ha traído con
ella un clima en el cual la prensa ha podido funcionar libremente,
aunque no sin una cierta presión oficial sostenida”.
Uno de los puntos considerados más críticos por el informe es la
distribución discrecional de la publicidad oficial, a medios que
están en situaciones económicas difíciles, a la vez que señala como
déficit la falta de sanción de una ley de Libre Acceso a la Información
Pública.
Otro de los párrafos del informe del Freedom House es particularmente
crítico con el diario Página/12 y con su columnista Horacio Verbitsky.
“En un desarrollo negativo, el pro-Kirchner diario Página/12 censuró
a uno de sus propios periodistas que preparaba una investigación
sobre supuesta corrupción gubernamental, mientras uno de los periodistas
del diario, antes un cruzado anti-corrupción, Horacio Verbitsky,
lanzó ataques personales hacia su colega (por Julio Nudler)”, dijo
textualmente el Freedom House. Agregó que la Asociación Periodistas
se dividió en dos facciones: “los pro-gobierno” y “los anti-censura”.
Ni el diario Página/12 ni el periodista Verbitsky – hasta la fecha
- se pronunciaron al respecto.
Como hecho positivo el informe destacó que los diputados nacionales
aprobaron una enmienda a la Ley de Radiodifusión que permite a las
organizaciones sociales sin fines de lucro obtener licencias de
emisoras de baja frecuencia. También señaló que “existe una amplia
gama de medios privados que proporcionan diversidad de opiniones”.
Por último afirma que los medios en la Argentina “continúan gozando
de amplia credibilidad e influencia, en parte debido al descrédito
de las instituciones y los partidos políticos”. Aunque aclara que
esa imagen positiva es menor que en años anteriores.
En realidad, para The Freedom House, la Argentina se mantiene
en la categoría de “parcialmente libre” ya que en el informe referido
al año 2003 también obtuvo la misma calificación. Por entonces,
la entidad había fundamentado su calificación por dos motivos: las
denuncias de “sobres” de la central de inteligencia argentina que
permeaban al periodismo y la presión tributaria sobre las empresas.
Ese informe nunca fue publicado por la prensa argentina. |
| Relatoría de la CIDH |
La Relatoría sobre Libertad de Expresión de la
CIDH, según su propia definición, es “una oficina de carácter permanente,
con independencia funcional y presupuesto propio, que fue creada por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la esfera
de sus atribuciones y competencias y opera dentro del marco jurídico
de ésta”.
Asegura que “en lo que se refiere específicamente a la libertad de
expresión, la Comisión ha tratado este tema a través de su sistema
de peticiones individuales, en los cuales se ha pronunciado sobre
casos de censura, crímenes contra periodistas y otras restricciones
directas e indirectas a la libertad de expresión”.
En el capítulo específico sobre la Argentina, señaló: “La Relatoría
ha seguido de cerca el trámite en el Congreso de un proyecto de ley
sobre acceso a la información. El proyecto fue aprobado por la Cámara
de Diputados en mayo de 2003. La propuesta pretende, entre otros,
permitir que las personas tengan acceso a las bases de datos de los
órganos oficiales y establecer sanciones administrativas y judiciales
para los funcionarios públicos que no den cumplimiento a los pedidos.
Asimismo, da carácter público a las leyes, decretos y documentos que
hayan sido mantenidos en secreto por el Estado durante más de diez
años y los que no hayan sido clasificados bajo necesidad de sigilo.
Sin embargo, el conocimiento de dicho proyecto se había detenido en
el Senado. En su informe anual del año 2003, la Relatoría exhortó
a la Cámara de Senadores al tratamiento y aprobación del proyecto
en cuestión”. “Finalmente – concluyó - el Senado aprobó la
propuesta el 1 de diciembre de 2004, y tras introducirle algunas modificaciones,
la reenvió a la Cámara de Diputados. Esta Cámara puede vetar los cambios
realizados por el Senado por dos tercios. La Relatoría ve con preocupación
algunos de los cambios introducidos al proyecto, especialmente las
excepciones planteadas al principio de publicidad, la exigencia de
razonar el pedido en una fórmula que tendría el carácter de declaración
jurada, la introducción de tarifas y la ambigüedad en la definición
de información pública. Una situación similar se dio en el caso de
las provincias de Santa Fe y Mendoza, donde los parlamentos han conocido
proyectos similares. En estos casos, los senadores también incluyeron
cláusulas que exigirían la demostración de un interés legítimo para
obtener información, y cuya definición podría incluso depender de
órganos del Estado”. |
| Agresiones a la prensa |
A la hora de reseñar situaciones concretas el órgano
de la CIDH, enumeró una larga lista de “agresiones a la prensa”:
• “La Relatoría recibió información sobre una decisión judicial,
en la provincia de Salta, prohibiendo a un medio de comunicación difundir
información que pudiera poner en duda la presunción de inocencia de
un acusado de homicidio”. • “Por otra parte, el 10 de marzo
de 2004, el noticiero Telefé Noticias, habría sido sacado del aire
del Canal 23, estatal, supuestamente por orden del gobernador de la
provincia de San Luis, cuando se informaba sobre una marcha de protesta
contra políticas educativas del gobierno local. En lugar del noticiero
se habría transmitido una película”. • “El 6 de agosto de
2004, el gobierno de la provincia de Neuquén presentó una querella,
ante la justicia provincial, contra el diario Río Negro para que revelara
el origen de unas informaciones publicadas en un artículo del 4 de
agosto de 2004. La Relatoría considera positivo que, el fiscal general,
Ricardo Trincheri, desestimara la denuncia, afirmando que ningún órgano
judicial ni policial podía incursionar en prácticas de averiguación
que pudieran poner en peligro el secreto periodístico”. •
“El 1 de marzo de 2004, personas desconocidas arrojaron pintura al
auto de Alfredo Valdez, conductor del programa La Ciudad Despierta
de Radio Nacional, en la provincia de Tierra del Fuego. El automóvil
estaba estacionado frente al domicilio del comunicador. El ataque
fue similar al recibido días antes por Héctor "Lito" Lavia, director
y propietario del diario local Prensa, tras difundir una denuncia
sobre un funcionario provincial”. • “El 6 de marzo de 2004,
por la madrugada, fue incendiada la redacción de El Diario de El Fin
del Mundo, en Ushuaia, también en la provincia de Tierra del Fuego.
El incendio destruyó la Sala de Redacción y las oficinas administrativas.
Según el peritaje, el incendio fue intencional. El Gobierno Federal
envió al subsecretario de Medios, Gabriel Mariotto, para conocer del
hecho. El 8 de marzo, Mario Jorge Colazo, Secretario de Seguridad
provincial se comprometió a ‘investigar a fondo y garantizar la seguridad
de las personas y su patrimonio’”. • “En relación con los
hechos sucedidos en Tierra del Fuego, el 1 de marzo, por la noche,
Carmen Miranda, periodista de El Diario del Fin del Mundo y secretaria
general del Sindicato de Prensa de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, fue interrogada en la calle por dos integrantes del Servicio
de Investigaciones de la Policía Provincial. Los policías querían
saber sobre los domicilios particulares de otros periodistas de la
ciudad con el argumento de brindar mayor protección y prevenir ataques
como los sufridos por Héctor Lavia y Alfredo Valdez. Al día siguiente,
el Secretario de Seguridad provincial, Rubén Cena, se disculpó por
lo inadecuado del procedimiento, aunque hizo oficial la intención
de realizar dicho relevamiento domiciliario”. • “En enero
de 2004, el camarógrafo Gustavo Aguirre y el periodista Heraldo Cruz,
de un canal local de televisión por cable de la Villa Turística de
Paso de la Patria, Corrientes, fueron golpeados por varios sujetos.
Uno de los individuos habría sido identificado como hijo del intendente
local, y otro como jefe de personal de la Comuna. La agresión se dio
cuando tomaban imágenes para una nota periodística del programa Futura
TV”. • “El 11 de junio de 2004, integrantes del programa
Puntodoc, del Canal América, en Buenos Aires, fueron atacados por
personal de un local nocturno denunciado como presunto lugar de explotación
sexual de jóvenes mujeres, en la provincia de Córdoba. Los policías
locales no aceptaron recibir la denuncia de los periodistas, por lo
que no les dieron garantías de seguridad”. |
| Algunos avances |
La Relatoría de la CIDH, también observó algunos
progresos en la materia, que también enumeró: • “El 30 de
diciembre de 2003, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
de Minas y del Trabajo de la Primera Nominación de la provincia de
Catamarca, Argentina, revocó la sentencia condenatoria impuesta a
la empresa editora del diario El Ancasti. Al dejar sin efecto la sentencia,
el Tribunal consideró que, por la doctrina de la "real malicia", en
modo alguno se había lesionado el derecho al honor del juez, por lo
que la jurisprudencia de Catamarca aceptó por primera vez dicha doctrina,
reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
• “El 6 de mayo de 2004, fue sancionada la ley provincial de Tucumán
que protege el secreto de las fuentes informativas”. • “El
23 de junio de 2004, fue derogada la ‘ley de libertad de imprenta’
por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, diputados y
senadores. Esa norma que databa de la década de 1940 establecía el
‘delito de imprenta’ y sanciones como la clausura, prisión o secuestro
de ejemplares para quienes publicaran ‘noticias subversivas, sediciosas,
obscenas, inmorales o calumniosas’”. • “En septiembre, la
jueza Raquel Villagra, de la provincia de Córdoba, dictó una sentencia
favorable a una solicitud de información por parte del diario La Voz
del Interior. El medio había presentado un recurso de amparo contra
el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) de esa provincia por
demorar, sin justificación, el acceso a las actas del directorio del
organismo. Según la jueza, la negativa había sido arbitraria e ilegal,
mientras que la solicitud de La Voz del Interior formaba parte del
ejercicio regular de su derecho a informar”. • “En noviembre,
la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley para
modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, declarado inconstitucional
por la Corte Suprema de Justicia. La reforma permitiría a las organizaciones
sociales o entidades sin fines de lucro el acceso a licencias de radiodifusión,
con lo que se eliminarían las restricciones que exigen ser una empresa
comercial para prestar los servicios de radiodifusión. Al momento
de redactarse el presente informe, el proyecto debía ser aún aprobado
por la Cámara de Senadores para tener una sanción definitiva”. |
| Concentración mediática |
Por otra parte, el Capítulo V del informe es
un desarrollo teórico, sin hacer nombres sobre los problemas que
ocasiona para la libertad de prensa, la concentración en pocas manos
de los medios de comunicación. Aquí sus principales reflexiones:
• “En los últimos años la Relatoría ha venido recibiendo continuas
denuncias en relación con ciertas prácticas monopólicas y oligopólicas
respecto de la propiedad de los medios de comunicación social en
algunos de los Estados miembros. En efecto, en su anterior informe
anual del año 2003, la Relatoría para la Libertad de Expresión insistió
que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación
es una práctica que conspira contra la democracia y la pluralidad
al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la
sociedad”.
• “Desde hace algunos años se viene señalando que la concentración
en la propiedad de los medios de comunicación masiva es una de las
mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información.
Aunque a veces difícilmente percibida por su carácter sutil, la
libertad de expresión tiene un cercano vínculo con la problemática
de la concentración. Este vínculo se traduce en lo que conocemos
como ‘pluralidad’ o ‘diversidad’ en la información”.
• “Siguiendo esta tendencia, en los últimos años se ha venido interpretando
que uno de los requisitos fundamentales de la libertad de expresión
es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información
y opiniones disponibles al público. Y es por ello que el control
de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica,
puede afectar seriamente el requisito de la pluralidad en la información.
Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en
su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una
única fuente, como los monopolios, se limita la posibilidad de que
la información que se difunda cuente con los beneficios de ser confrontada
con información procedente de otros sectores, limitando de hecho,
el derecho de información de toda la sociedad. La existencia de
monopolios u oligopolios públicos o privados constituye de esta
forma un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio,
así como para la recepción de opiniones diferentes”.
• “En efecto, si estos medios están controlados por un número reducido
de individuos o sectores sociales, o bien por uno solo, se genera
una carencia de pluralidad que impide el funcionamiento de la democracia.
La democracia requiere del enfrentamiento de ideas, del debate y
de la discusión. Cuando este debate es inexistente o se encuentra
debilitado porque las fuentes de información son limitadas, se ataca
el pilar principal del funcionamiento democrático”.
• “Es frecuente encontrar que los diversos competidores en un mercado
realicen distintas operaciones –tales como fusiones y adquisiciones-
con el fin de mejorar su posición en él y alcanzar a un mayor número
de consumidores de sus productos. En muchos casos el número de competidores
dentro de un mercado es bastante reducido. Este fenómeno puede darse
de forma natural, otras veces, sin embargo, es producto de operaciones
que buscan concentrar el manejo del mercado en manos de unos pocos.
En el segundo caso estamos ante lo que se ha denominado “concentración”,
un fenómeno que no es ajeno al mercado de los medios de comunicación
social”.
• “Por otro lado, la concentración en los medios de comunicación
no es un fenómeno nuevo dentro de las sociedades contemporáneas.
Como ha sido señalado en un reciente estudio en el ámbito europeo,
“lo nuevo es más bien ‘la incestuosa relación que se ha desarrollado
entre la política y los medios de comunicación social’. Los políticos
usan (y abusan) de los medios de comunicación para promocionar sus
intereses políticos. Hoy, es virtualmente imposible conseguir el
poder sin la ayuda de los medios de comunicación. Los propietarios
de los medios de comunicación, de otro lado, utilizan su posición
para promover y defender sus propios intereses políticos, tomando
ventaja de los políticos de turno para hacer realidad sus propios
intereses empresariales. Al responder pues quiénes son los grandes
propietarios de los medios de comunicación responderemos la interrogante
de quién maneja los hilos del poder”. |
| Reporteros Sin Fronteras |
Reporteros Sin Fronteras (RSF) es una organización
nacida en Francia. Su presidente, Robert Ménard, admitió que recibe
aportes de parte del gobierno francés, de la Unión Europea y del
Departamento de Estado norteamericano. También reconoció su amistad
con el agente de la CIA Frank Calzón, organizador de campañas mediáticas
contra Cuba y Venezuela (ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=14778).
Sus palabras se dieron luego de varias denuncias de parcialidad
en sus informes y de la investigación de una periodista canadiense
sobre los fondos que maneja la institución.
Dice la organización: “Discriminación en la concesión de la publicidad
y en el acceso a la información pública, presiones judiciales, agresiones...la
situación de la libertad de prensa sigue sin ser satisfactoria en
las provincias, donde las autoridades locales disponen de amplias
prerrogativas. El gobierno del presidente Kirchner no ha quedado
al margen de las críticas, acusado también él de querer tener un
peso en la línea de los principales medios de comunicación”.
Luego de esa entrada se refirió a un hecho ocurrido en la provincia
de San Luis: “‘Es culpa vuestra’, declaró, en resumen, Alberto Rodríguez
Saá, gobernador de la provincia de San Luis (Centro), a los periodistas
que le pedían cuentas sobre la adopción de una ley de prensa que
prevé el embargo o el cierre de los periódicos que publiquen informaciones
de carácter ‘subversivo, sedicioso, obsceno o inmoral’. El 23 de
junio de 2004, en el momento de derogar un texto que había promulgado
él mismo veinte días antes, el gobernador reconoció haber cometido
un error, pero acusó a la prensa de ‘no vigilar lo bastante a los
legisladores y a la oposición’”.
Según RSF, “este caso tuvo un final feliz, pero, en las 23 provincias
donde los gobernadores disponen de importantes poderes y de gran
autonomía, la prensa local todavía tiene que hacer frente a muchos
abusos de poder”. Puso como ejemplo a la provincia de Córdoba, en
donde “la alcaldía retiró toda la publicidad al diario La Mañana,
después de que criticara la gestión del equipo municipal”.
También se refirió otros dos casos ocurridos en otras provincias:
“En agosto, en la provincia de Neuquén (Centro-Oeste), el Ministro
de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, intentó obligar al diario
Río Negro, que acababa de implicarle en un caso de desvió de fondos,
a revelar sus fuentes ante la justicia que, felizmente, se opuso.
En Tierra de Fuego (Sur), a dos periodistas les destrozaron el coche
después de que acusaran a un ministro de la provincia de ocupar
indebidamente una propiedad, que pertenece a la municipalidad de
Río Grande. Sin embargo, las agresiones a periodistas, que en los
dos años precedentes fueron muy numerosas, disminuyeron sensiblemente
en 2004”.
Un párrafo lo dedicó a la Ley de acceso a la información, un ítem
recurrente en las manifestaciones de estas instituciones. RSF señaló
que “continúa siendo un problema recurrente el acceso a la información
pública. Según sea la línea del periódico que solicita los datos,
los funcionarios proporcionan o no las informaciones pedidas. Hay
algunos proyectos de ley que se encuentran en fase de discusión
tanto en algunas provincias, por ejemplo Mendoza y Santa Fe, como
a nivel federal. Pero son proyectos que todavía no garantizan un
acceso total a los documentos de las distintas administraciones.
Todos ellos exigen que el peticionario haga valer ‘un interés legítimo’
para reclamar la información, dejando así a las instituciones la
posibilidad de negarse a entregar documentos que, sin embargo, son
del dominio público”.
A la hora de describir la relación entre el gobierno y la prensa,
RSF señaló que “a veces son muy tensas las relaciones entre los
medios de comunicación nacionales y el gobierno del presidente Kirchner.
En abril, la Asociación de Empresas de Prensa (Adepa) manifestó
su preocupación frente a ‘la intolerancia’ de los ministros de Interior
y Economía, que acababan de atacar a dos medios de comunicación
porque habían difundido algunas informaciones que les eran desfavorables”.
Añadió que “Jorge Lanata, realizador del programa ‘Día D’, emitido
hasta 2003 en el canal privado América 2, denunció la intervención
del gobierno para conseguir la retirada de su programa. Asegura
que, en el mismo momento, el presupuesto de la publicidad pública
atribuida al canal se multiplicó por tres, pasando de 300.000 pesos
a 1,2 millones de pesos (de 75.000 a 300.000 euros)” .
También se refirió a la adjudicación de pauta publicitaria por parte
del Gobierno. Aseguró que “en una investigación publicada a principios
de julio de 2004, el semanario Noticias acusó a su vez al gobierno
de utilizar la publicidad para influir en la línea de los medios
de comunicación, subrayando que la concesión se efectuaba sin guardar
relación con el número de lectores o la audiencia de los medios.
La revista asegura que un intermediario habría contactado con su
dirección, para ofrecerle un importante presupuesto publicitario
‘a cambio de una moderación en su línea crítica’”.
Asimismo, criticó decisiones judiciales en torno al “Caso Cabezas”.
Dijo que “la puesta en libertad el 15 de diciembre de José Luis
Auge, uno de los seis asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas,
provocó una legítima indignación. Condenado inicialmente a cadena
perpetua, Auge consiguió una reducción de condena en noviembre de
2003, una vez que el tribunal de Casación recalificó los hechos
que se le imputaban”.
| Un aporte del Director de la carrera de Comunicación
Social de la UBA |
| Sr.
Director:
Quisiera
solicitarle la deferencia de concederme hacer algunas apuradas
precisiones acerca de la nota publicada en Zona Dura de Diario
sobre Diarios.
En
primer lugar, considero que faltó hacer un encuadre
más preciso de las distintas relevancias y roles institucionales
que distinguen a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con The Freedom House y la Sociedad Interamericana
de Prensa. Sin desmedro de la calidad o de la opinión
que cada lector pueda tener sobre ellas, creo que las diferencias
son ostensibles por su naturaleza y reconocimientos y para
un lector poco especializado podrían pasar desapercibidas
en el contexto de la nota que las considera en conjunto.
No
obstante ello, entiendo el sentido del tratamiento de ZD y
me parece un enfoque correcto. Aún así, me permito
agregar algunas distinciones necesarias.
La Comisión Interamericana es la instancia de fiscalización
y protección del respeto de los Estados a los Derechos
Humanos en el continente y el receptor de las denuncias una
vez agotadas las instancias internas nacionales. Y la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, (única
permanente, lo cual habla de la importancia del tema para
el sistema interamericano) su órgano especializado
en los temas que nos son cercanos. Tiene la misma entidad
que los relatores de libertad de expresión de la ONU
y el Consejo de Europa. La Comisión es la encargada
de demandar a los estados frente a la Corte Interamericana
en caso de violaciones a los derechos humanos y la Relatoría
actúa como consejera legal en los casos de sus competencias.
Las
otras dos organizaciones cuyos escudos aparecen junto con
la de la OEA en la nota no tienen esta entidad. Institucionalmente
hay una enorme distancia en las implicancias de lo que digan
una u otros y entiendo que el Informe de abril de la CIDH
merecería una nota con ese sólo objeto.
En segundo lugar y respecto al texto de la nota en sí,
tengo para mí que no es correcto plantear que la CIDH
(o la Relatoría que depende de ella) haya hecho en
abril un informe sobre Argentina. Los informes individuales
sobre países en la comunidad de derechos humanos tienen
una relevancia especial y un informe periódico anual
–aún con la importancia que tiene el de la Relatoría
en el marco del informe anual de la Comisión- entiendo
que no tiene esa misma repercusión. En realidad, a
mi criterio, el de abril es un informe anual (el quinto) sobre
el estado de la libertad de expresión en el continente
y se lo considera un fundamental aporte doctrinario e interpretativo
de la Convención Americana y su Declaración
de Principios de Libertad de Expresión, pero no es
un “informe sobre país”.
Vale
decir que, sin perjuicio de la importancia que se le asignen
a los pronunciamientos de la SIP o The Freedom House, ellos
no tienen la validez ni importan el compromiso de las referencias
de la Comisión.
En
tercer término, y también sobre la nota, me
atrevo a señalar que no me parece tan claro –como
pareciera surgir del texto- que haya en el informe de la Relatoría
un capitulo sobre concentración mediática en
el marco del tratamiento de la situación argentina.
Le pido me disculpe si no es efectivamente ese el sentido
de ZD, pero me podrá conceder que la interpretación
que hago no es antojadiza. A mi modo de ver, las reflexiones
sobre la concentración son un aporte doctrinario y
jurisprudencial inédito y fundamental en el sistema
interamericano de derechos humanos, interpreta con agudeza
los conflictos que surgen de la falta de democratización
de la palabra que denuncia el Principio 12 de la Declaración
de Octubre de 2000 de la CIDH y continúa una línea
de trabajo iniciada por la Comisión en el año
2000 y por el Relator en el año 2002. Pero, volviendo
al punto, de la lectura del informe de la CIDH entiendo que
se refieren a los problemas que en ese sentido hay en todo
el continente, y que no le son ajenos a nuestro país.
Sin
otro particular, agradezco la amabilidad de su atención
Damián Loreti
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| DsD 18 - 5 - 2005 |
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