Críticas de The Freedom House, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras
Cuando la noticia cuestiona a la prensa, no es noticia
The Freedom House dice que la prensa
en la Argentina es “parcialmente libre”;
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por
las modificaciones introducidas a la Ley de Acceso a la Información Pública y Reporteros sin Fronteras observó “tensiones” entre el Gobierno y la prensa. Así los cuestionamientos abarcan a las empresas periodísticas, al periodismo y a las autoridades nacionales. Los grandes diarios porteños decidieron no brindar espacios en sus ediciones a los tres pronunciamientos. Y el gobierno hizo silencio de radio. Qué cuestionan. Problemas en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Tres instituciones internacionales calificaron recientemente en forma crítica a la prensa argentina, analizaron su situación y desarrollo como también el estado de la libertad de expresión en nuestro país. Los diarios porteños han preferido no reproducir la mayoría de esos documentos. Los informes son evaluaciones que corresponden a los relevamientos que esas entidades realizaron a lo largo de 2004. Una de esas instituciones concluye que los medios de comunicación “continúan gozando de amplia credibilidad e influencia, en parte debido al descrédito de las instituciones y los partidos políticos”.

Las observaciones de las tres instituciones se produjeron luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a principios de este año decidiera enviar a miembros de dicha organización a nuestro país. Luego de entrevistarse con funcionarios, líderes políticos y periodistas emitieron un comunicado. La visita tuvo repercusión en los medios de comunicación, luego que el Presidente Kirchner replicara en forma pública a la SIP. El DsD le dedicó una amplia cobertura a la visita de la SIP y publicó en forma completa el documento que dio a conocer en marzo en su reunión anual en Panamá. También hizo lo mismo el semanario Noticias. (ver http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/16-3-2005.htm).

En el mes de mayo, se conoció el informe del organismo conservador estadounidense “The Freedom House”, una entidad que clasifica a los países en relación a la libertad de prensa como “libres”, “parcialmente libres” o “no libres”. La Argentina, en su ránking figura como “parcialmente libre”. Uno de los puntos críticos del informe de The Freedom House fue para el episodio que le tocó vivir (en noviembre del año pasado) al periodista Julio Nudler en el diario Página/12 y los ataques que recibió de su colega Horacio Verbitsky (ver http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/15-11-2004.htm). Criticó también la distribución de publicidad oficial y la mora en la sanción de la Ley de Acceso a la Información. De todas formas destacó que los medios en nuestro país siguen gozando de credibilidad pública. El informe de The Freedom House sólo recibió unas líneas en el diario La Nación, sin mencionar el caso Nudler.

En tanto, la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – que depende de la Organización de Estados Americanos - emitió en abril de este año un informe relativo a la prensa en nuestro país, en el que repasó el estado de las investigaciones de ataques a periodistas o medios del interior del país. También mostró su preocupación por las modificaciones introducidas en el Senado a la Ley de Acceso a la Información Pública. Las provincias de Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, San Luis, Corrientes y Córdoba, son mencionadas en el trabajo por haber sido sedes de ataques a periodistas y medios de comunicación. La institución sin embargo también resaltó algunos avances en materia de libertad de prensa. Además, realizó un planteo teórico sobre el peligro que implica la concentración mediática. Su informe no fue publicado en ningún diario.

Por otra parte, la polémica organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), difundió en abril un reporte mundial sobre libertad de prensa, que igualmente incluyó un capítulo para la Argentina. Allí también cuestionó los ataques a los medios en algunas provincias y destacó las “tensiones” entre el gobierno y el periodismo.

Clarín publicó el martes 17 de mayo un editorial titulado “Cruento balance para la prensa libre” en donde tomó como base el informe mundial de RSF, pero soslayó el capítulo referido a la Argentina.
The Freedom House

Esta organización se define a sí misma como “sin fines de lucro, apartidaria, Freedom House es una clara voz para la democracia y la libertad en el mundo. A través de variados rangos de programas internacionales y publicaciones, trabajamos para avanzar en todo el mundo por una destacable expansión de la libertad política y económica”.

Su sitio de Internet señala que fue fundada casi sesenta años atrás por Eleanor Roosvelt, esposa del ex presidente Franklin Delano Roosvelt. Su actual titular (chairman) es James Woolsey, quien en su currículum no oculta que fue director de la CIA en el período 1993-1995. Entre quienes financian el Freedom House, se encuentran: el Departamento de Estado norteamericano, el National Endowrment for Democracy (institución que financia a sectores de la oposición venezolana), The Soros Foundation, The Ford Foundation y Unilever United States Foundation.

En su apartado referido exclusivamente a nuestro país, The Freedom House, señaló:

“La estabilidad política relativa de la Argentina ha traído con ella un clima en el cual la prensa ha podido funcionar libremente, aunque no sin una cierta presión oficial sostenida”.

Uno de los puntos considerados más críticos por el informe es la distribución discrecional de la publicidad oficial, a medios que están en situaciones económicas difíciles, a la vez que señala como déficit la falta de sanción de una ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Otro de los párrafos del informe del Freedom House es particularmente crítico con el diario Página/12 y con su columnista Horacio Verbitsky. “En un desarrollo negativo, el pro-Kirchner diario Página/12 censuró a uno de sus propios periodistas que preparaba una investigación sobre supuesta corrupción gubernamental, mientras uno de los periodistas del diario, antes un cruzado anti-corrupción, Horacio Verbitsky, lanzó ataques personales hacia su colega (por Julio Nudler)”, dijo textualmente el Freedom House. Agregó que la Asociación Periodistas se dividió en dos facciones: “los pro-gobierno” y “los anti-censura”. Ni el diario Página/12 ni el periodista Verbitsky – hasta la fecha - se pronunciaron al respecto.

Como hecho positivo el informe destacó que los diputados nacionales aprobaron una enmienda a la Ley de Radiodifusión que permite a las organizaciones sociales sin fines de lucro obtener licencias de emisoras de baja frecuencia. También señaló que “existe una amplia gama de medios privados que proporcionan diversidad de opiniones”.

Por último afirma que los medios en la Argentina “continúan gozando de amplia credibilidad e influencia, en parte debido al descrédito de las instituciones y los partidos políticos”. Aunque aclara que esa imagen positiva es menor que en años anteriores.

En realidad, para The Freedom House, la Argentina se mantiene en la categoría de “parcialmente libre” ya que en el informe referido al año 2003 también obtuvo la misma calificación. Por entonces, la entidad había fundamentado su calificación por dos motivos: las denuncias de “sobres” de la central de inteligencia argentina que permeaban al periodismo y la presión tributaria sobre las empresas. Ese informe nunca fue publicado por la prensa argentina.

Relatoría de la CIDH
La Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH, según su propia definición, es “una oficina de carácter permanente, con independencia funcional y presupuesto propio, que fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro de la esfera de sus atribuciones y competencias y opera dentro del marco jurídico de ésta”.

Asegura que “en lo que se refiere específicamente a la libertad de expresión, la Comisión ha tratado este tema a través de su sistema de peticiones individuales, en los cuales se ha pronunciado sobre casos de censura, crímenes contra periodistas y otras restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión”.

En el capítulo específico sobre la Argentina, señaló: “La Relatoría ha seguido de cerca el trámite en el Congreso de un proyecto de ley sobre acceso a la información. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2003. La propuesta pretende, entre otros, permitir que las personas tengan acceso a las bases de datos de los órganos oficiales y establecer sanciones administrativas y judiciales para los funcionarios públicos que no den cumplimiento a los pedidos. Asimismo, da carácter público a las leyes, decretos y documentos que hayan sido mantenidos en secreto por el Estado durante más de diez años y los que no hayan sido clasificados bajo necesidad de sigilo. Sin embargo, el conocimiento de dicho proyecto se había detenido en el Senado. En su informe anual del año 2003, la Relatoría exhortó a la Cámara de Senadores al tratamiento y aprobación del proyecto en cuestión”.

“Finalmente – concluyó - el Senado aprobó la propuesta el 1 de diciembre de 2004, y tras introducirle algunas modificaciones, la reenvió a la Cámara de Diputados. Esta Cámara puede vetar los cambios realizados por el Senado por dos tercios. La Relatoría ve con preocupación algunos de los cambios introducidos al proyecto, especialmente las excepciones planteadas al principio de publicidad, la exigencia de razonar el pedido en una fórmula que tendría el carácter de declaración jurada, la introducción de tarifas y la ambigüedad en la definición de información pública. Una situación similar se dio en el caso de las provincias de Santa Fe y Mendoza, donde los parlamentos han conocido proyectos similares. En estos casos, los senadores también incluyeron cláusulas que exigirían la demostración de un interés legítimo para obtener información, y cuya definición podría incluso depender de órganos del Estado”.
Agresiones a la prensa
A la hora de reseñar situaciones concretas el órgano de la CIDH, enumeró una larga lista de “agresiones a la prensa”:

• “La Relatoría recibió información sobre una decisión judicial, en la provincia de Salta, prohibiendo a un medio de comunicación difundir información que pudiera poner en duda la presunción de inocencia de un acusado de homicidio”.

• “Por otra parte, el 10 de marzo de 2004, el noticiero Telefé Noticias, habría sido sacado del aire del Canal 23, estatal, supuestamente por orden del gobernador de la provincia de San Luis, cuando se informaba sobre una marcha de protesta contra políticas educativas del gobierno local. En lugar del noticiero se habría transmitido una película”.

• “El 6 de agosto de 2004, el gobierno de la provincia de Neuquén presentó una querella, ante la justicia provincial, contra el diario Río Negro para que revelara el origen de unas informaciones publicadas en un artículo del 4 de agosto de 2004. La Relatoría considera positivo que, el fiscal general, Ricardo Trincheri, desestimara la denuncia, afirmando que ningún órgano judicial ni policial podía incursionar en prácticas de averiguación que pudieran poner en peligro el secreto periodístico”.

• “El 1 de marzo de 2004, personas desconocidas arrojaron pintura al auto de Alfredo Valdez, conductor del programa La Ciudad Despierta de Radio Nacional, en la provincia de Tierra del Fuego. El automóvil estaba estacionado frente al domicilio del comunicador. El ataque fue similar al recibido días antes por Héctor "Lito" Lavia, director y propietario del diario local Prensa, tras difundir una denuncia sobre un funcionario provincial”.

• “El 6 de marzo de 2004, por la madrugada, fue incendiada la redacción de El Diario de El Fin del Mundo, en Ushuaia, también en la provincia de Tierra del Fuego. El incendio destruyó la Sala de Redacción y las oficinas administrativas. Según el peritaje, el incendio fue intencional. El Gobierno Federal envió al subsecretario de Medios, Gabriel Mariotto, para conocer del hecho. El 8 de marzo, Mario Jorge Colazo, Secretario de Seguridad provincial se comprometió a ‘investigar a fondo y garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio’”.

• “En relación con los hechos sucedidos en Tierra del Fuego, el 1 de marzo, por la noche, Carmen Miranda, periodista de El Diario del Fin del Mundo y secretaria general del Sindicato de Prensa de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, fue interrogada en la calle por dos integrantes del Servicio de Investigaciones de la Policía Provincial. Los policías querían saber sobre los domicilios particulares de otros periodistas de la ciudad con el argumento de brindar mayor protección y prevenir ataques como los sufridos por Héctor Lavia y Alfredo Valdez. Al día siguiente, el Secretario de Seguridad provincial, Rubén Cena, se disculpó por lo inadecuado del procedimiento, aunque hizo oficial la intención de realizar dicho relevamiento domiciliario”.

• “En enero de 2004, el camarógrafo Gustavo Aguirre y el periodista Heraldo Cruz, de un canal local de televisión por cable de la Villa Turística de Paso de la Patria, Corrientes, fueron golpeados por varios sujetos. Uno de los individuos habría sido identificado como hijo del intendente local, y otro como jefe de personal de la Comuna. La agresión se dio cuando tomaban imágenes para una nota periodística del programa Futura TV”.

• “El 11 de junio de 2004, integrantes del programa Puntodoc, del Canal América, en Buenos Aires, fueron atacados por personal de un local nocturno denunciado como presunto lugar de explotación sexual de jóvenes mujeres, en la provincia de Córdoba. Los policías locales no aceptaron recibir la denuncia de los periodistas, por lo que no les dieron garantías de seguridad”.
Algunos avances
La Relatoría de la CIDH, también observó algunos progresos en la materia, que también enumeró:

• “El 30 de diciembre de 2003, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de la Primera Nominación de la provincia de Catamarca, Argentina, revocó la sentencia condenatoria impuesta a la empresa editora del diario El Ancasti. Al dejar sin efecto la sentencia, el Tribunal consideró que, por la doctrina de la "real malicia", en modo alguno se había lesionado el derecho al honor del juez, por lo que la jurisprudencia de Catamarca aceptó por primera vez dicha doctrina, reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

• “El 6 de mayo de 2004, fue sancionada la ley provincial de Tucumán que protege el secreto de las fuentes informativas”.

• “El 23 de junio de 2004, fue derogada la ‘ley de libertad de imprenta’ por el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, diputados y senadores. Esa norma que databa de la década de 1940 establecía el ‘delito de imprenta’ y sanciones como la clausura, prisión o secuestro de ejemplares para quienes publicaran ‘noticias subversivas, sediciosas, obscenas, inmorales o calumniosas’”.

• “En septiembre, la jueza Raquel Villagra, de la provincia de Córdoba, dictó una sentencia favorable a una solicitud de información por parte del diario La Voz del Interior. El medio había presentado un recurso de amparo contra el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) de esa provincia por demorar, sin justificación, el acceso a las actas del directorio del organismo. Según la jueza, la negativa había sido arbitraria e ilegal, mientras que la solicitud de La Voz del Interior formaba parte del ejercicio regular de su derecho a informar”.

• “En noviembre, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley para modificar el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La reforma permitiría a las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro el acceso a licencias de radiodifusión, con lo que se eliminarían las restricciones que exigen ser una empresa comercial para prestar los servicios de radiodifusión. Al momento de redactarse el presente informe, el proyecto debía ser aún aprobado por la Cámara de Senadores para tener una sanción definitiva”.
Concentración mediática

Por otra parte, el Capítulo V del informe es un desarrollo teórico, sin hacer nombres sobre los problemas que ocasiona para la libertad de prensa, la concentración en pocas manos de los medios de comunicación. Aquí sus principales reflexiones:

• “En los últimos años la Relatoría ha venido recibiendo continuas denuncias en relación con ciertas prácticas monopólicas y oligopólicas respecto de la propiedad de los medios de comunicación social en algunos de los Estados miembros. En efecto, en su anterior informe anual del año 2003, la Relatoría para la Libertad de Expresión insistió que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación es una práctica que conspira contra la democracia y la pluralidad al impedir la expresión diversa de los distintos sectores de la sociedad”.

• “Desde hace algunos años se viene señalando que la concentración en la propiedad de los medios de comunicación masiva es una de las mayores amenazas para el pluralismo y la diversidad en la información. Aunque a veces difícilmente percibida por su carácter sutil, la libertad de expresión tiene un cercano vínculo con la problemática de la concentración. Este vínculo se traduce en lo que conocemos como ‘pluralidad’ o ‘diversidad’ en la información”.

• “Siguiendo esta tendencia, en los últimos años se ha venido interpretando que uno de los requisitos fundamentales de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público. Y es por ello que el control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica, puede afectar seriamente el requisito de la pluralidad en la información. Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, como los monopolios, se limita la posibilidad de que la información que se difunda cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho de información de toda la sociedad. La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados constituye de esta forma un serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, así como para la recepción de opiniones diferentes”.

• “En efecto, si estos medios están controlados por un número reducido de individuos o sectores sociales, o bien por uno solo, se genera una carencia de pluralidad que impide el funcionamiento de la democracia. La democracia requiere del enfrentamiento de ideas, del debate y de la discusión. Cuando este debate es inexistente o se encuentra debilitado porque las fuentes de información son limitadas, se ataca el pilar principal del funcionamiento democrático”.

• “Es frecuente encontrar que los diversos competidores en un mercado realicen distintas operaciones –tales como fusiones y adquisiciones- con el fin de mejorar su posición en él y alcanzar a un mayor número de consumidores de sus productos. En muchos casos el número de competidores dentro de un mercado es bastante reducido. Este fenómeno puede darse de forma natural, otras veces, sin embargo, es producto de operaciones que buscan concentrar el manejo del mercado en manos de unos pocos. En el segundo caso estamos ante lo que se ha denominado “concentración”, un fenómeno que no es ajeno al mercado de los medios de comunicación social”.

• “Por otro lado, la concentración en los medios de comunicación no es un fenómeno nuevo dentro de las sociedades contemporáneas. Como ha sido señalado en un reciente estudio en el ámbito europeo, “lo nuevo es más bien ‘la incestuosa relación que se ha desarrollado entre la política y los medios de comunicación social’. Los políticos usan (y abusan) de los medios de comunicación para promocionar sus intereses políticos. Hoy, es virtualmente imposible conseguir el poder sin la ayuda de los medios de comunicación. Los propietarios de los medios de comunicación, de otro lado, utilizan su posición para promover y defender sus propios intereses políticos, tomando ventaja de los políticos de turno para hacer realidad sus propios intereses empresariales. Al responder pues quiénes son los grandes propietarios de los medios de comunicación responderemos la interrogante de quién maneja los hilos del poder”.

Reporteros Sin Fronteras

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es una organización nacida en Francia. Su presidente, Robert Ménard, admitió que recibe aportes de parte del gobierno francés, de la Unión Europea y del Departamento de Estado norteamericano. También reconoció su amistad con el agente de la CIA Frank Calzón, organizador de campañas mediáticas contra Cuba y Venezuela (ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=14778). Sus palabras se dieron luego de varias denuncias de parcialidad en sus informes y de la investigación de una periodista canadiense sobre los fondos que maneja la institución.

Dice la organización: “Discriminación en la concesión de la publicidad y en el acceso a la información pública, presiones judiciales, agresiones...la situación de la libertad de prensa sigue sin ser satisfactoria en las provincias, donde las autoridades locales disponen de amplias prerrogativas. El gobierno del presidente Kirchner no ha quedado al margen de las críticas, acusado también él de querer tener un peso en la línea de los principales medios de comunicación”.

Luego de esa entrada se refirió a un hecho ocurrido en la provincia de San Luis: “‘Es culpa vuestra’, declaró, en resumen, Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis (Centro), a los periodistas que le pedían cuentas sobre la adopción de una ley de prensa que prevé el embargo o el cierre de los periódicos que publiquen informaciones de carácter ‘subversivo, sedicioso, obsceno o inmoral’. El 23 de junio de 2004, en el momento de derogar un texto que había promulgado él mismo veinte días antes, el gobernador reconoció haber cometido un error, pero acusó a la prensa de ‘no vigilar lo bastante a los legisladores y a la oposición’”.

Según RSF, “este caso tuvo un final feliz, pero, en las 23 provincias donde los gobernadores disponen de importantes poderes y de gran autonomía, la prensa local todavía tiene que hacer frente a muchos abusos de poder”. Puso como ejemplo a la provincia de Córdoba, en donde “la alcaldía retiró toda la publicidad al diario La Mañana, después de que criticara la gestión del equipo municipal”.

También se refirió otros dos casos ocurridos en otras provincias: “En agosto, en la provincia de Neuquén (Centro-Oeste), el Ministro de Seguridad y Trabajo, Luis Manganaro, intentó obligar al diario Río Negro, que acababa de implicarle en un caso de desvió de fondos, a revelar sus fuentes ante la justicia que, felizmente, se opuso. En Tierra de Fuego (Sur), a dos periodistas les destrozaron el coche después de que acusaran a un ministro de la provincia de ocupar indebidamente una propiedad, que pertenece a la municipalidad de Río Grande. Sin embargo, las agresiones a periodistas, que en los dos años precedentes fueron muy numerosas, disminuyeron sensiblemente en 2004”.

Un párrafo lo dedicó a la Ley de acceso a la información, un ítem recurrente en las manifestaciones de estas instituciones. RSF señaló que “continúa siendo un problema recurrente el acceso a la información pública. Según sea la línea del periódico que solicita los datos, los funcionarios proporcionan o no las informaciones pedidas. Hay algunos proyectos de ley que se encuentran en fase de discusión tanto en algunas provincias, por ejemplo Mendoza y Santa Fe, como a nivel federal. Pero son proyectos que todavía no garantizan un acceso total a los documentos de las distintas administraciones. Todos ellos exigen que el peticionario haga valer ‘un interés legítimo’ para reclamar la información, dejando así a las instituciones la posibilidad de negarse a entregar documentos que, sin embargo, son del dominio público”.

A la hora de describir la relación entre el gobierno y la prensa, RSF señaló que “a veces son muy tensas las relaciones entre los medios de comunicación nacionales y el gobierno del presidente Kirchner. En abril, la Asociación de Empresas de Prensa (Adepa) manifestó su preocupación frente a ‘la intolerancia’ de los ministros de Interior y Economía, que acababan de atacar a dos medios de comunicación porque habían difundido algunas informaciones que les eran desfavorables”. Añadió que “Jorge Lanata, realizador del programa ‘Día D’, emitido hasta 2003 en el canal privado América 2, denunció la intervención del gobierno para conseguir la retirada de su programa. Asegura que, en el mismo momento, el presupuesto de la publicidad pública atribuida al canal se multiplicó por tres, pasando de 300.000 pesos a 1,2 millones de pesos (de 75.000 a 300.000 euros)” .

También se refirió a la adjudicación de pauta publicitaria por parte del Gobierno. Aseguró que “en una investigación publicada a principios de julio de 2004, el semanario Noticias acusó a su vez al gobierno de utilizar la publicidad para influir en la línea de los medios de comunicación, subrayando que la concesión se efectuaba sin guardar relación con el número de lectores o la audiencia de los medios. La revista asegura que un intermediario habría contactado con su dirección, para ofrecerle un importante presupuesto publicitario ‘a cambio de una moderación en su línea crítica’”.

Asimismo, criticó decisiones judiciales en torno al “Caso Cabezas”. Dijo que “la puesta en libertad el 15 de diciembre de José Luis Auge, uno de los seis asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, provocó una legítima indignación. Condenado inicialmente a cadena perpetua, Auge consiguió una reducción de condena en noviembre de 2003, una vez que el tribunal de Casación recalificó los hechos que se le imputaban”.

Un aporte del Director de la carrera de Comunicación Social de la UBA
Sr. Director:

Quisiera solicitarle la deferencia de concederme hacer algunas apuradas precisiones acerca de la nota publicada en Zona Dura de Diario sobre Diarios.

En primer lugar, considero que faltó hacer un encuadre más preciso de las distintas relevancias y roles institucionales que distinguen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con The Freedom House y la Sociedad Interamericana de Prensa. Sin desmedro de la calidad o de la opinión que cada lector pueda tener sobre ellas, creo que las diferencias son ostensibles por su naturaleza y reconocimientos y para un lector poco especializado podrían pasar desapercibidas en el contexto de la nota que las considera en conjunto.

No obstante ello, entiendo el sentido del tratamiento de ZD y me parece un enfoque correcto. Aún así, me permito agregar algunas distinciones necesarias.

La Comisión Interamericana es la instancia de fiscalización y protección del respeto de los Estados a los Derechos Humanos en el continente y el receptor de las denuncias una vez agotadas las instancias internas nacionales. Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, (única permanente, lo cual habla de la importancia del tema para el sistema interamericano) su órgano especializado en los temas que nos son cercanos. Tiene la misma entidad que los relatores de libertad de expresión de la ONU y el Consejo de Europa. La Comisión es la encargada de demandar a los estados frente a la Corte Interamericana en caso de violaciones a los derechos humanos y la Relatoría actúa como consejera legal en los casos de sus competencias.

Las otras dos organizaciones cuyos escudos aparecen junto con la de la OEA en la nota no tienen esta entidad. Institucionalmente hay una enorme distancia en las implicancias de lo que digan una u otros y entiendo que el Informe de abril de la CIDH merecería una nota con ese sólo objeto.

En segundo lugar y respecto al texto de la nota en sí, tengo para mí que no es correcto plantear que la CIDH (o la Relatoría que depende de ella) haya hecho en abril un informe sobre Argentina. Los informes individuales sobre países en la comunidad de derechos humanos tienen una relevancia especial y un informe periódico anual –aún con la importancia que tiene el de la Relatoría en el marco del informe anual de la Comisión- entiendo que no tiene esa misma repercusión. En realidad, a mi criterio, el de abril es un informe anual (el quinto) sobre el estado de la libertad de expresión en el continente y se lo considera un fundamental aporte doctrinario e interpretativo de la Convención Americana y su Declaración de Principios de Libertad de Expresión, pero no es un “informe sobre país”.

Vale decir que, sin perjuicio de la importancia que se le asignen a los pronunciamientos de la SIP o The Freedom House, ellos no tienen la validez ni importan el compromiso de las referencias de la Comisión.

En tercer término, y también sobre la nota, me atrevo a señalar que no me parece tan claro –como pareciera surgir del texto- que haya en el informe de la Relatoría un capitulo sobre concentración mediática en el marco del tratamiento de la situación argentina. Le pido me disculpe si no es efectivamente ese el sentido de ZD, pero me podrá conceder que la interpretación que hago no es antojadiza. A mi modo de ver, las reflexiones sobre la concentración son un aporte doctrinario y jurisprudencial inédito y fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos, interpreta con agudeza los conflictos que surgen de la falta de democratización de la palabra que denuncia el Principio 12 de la Declaración de Octubre de 2000 de la CIDH y continúa una línea de trabajo iniciada por la Comisión en el año 2000 y por el Relator en el año 2002. Pero, volviendo al punto, de la lectura del informe de la CIDH entiendo que se refieren a los problemas que en ese sentido hay en todo el continente, y que no le son ajenos a nuestro país.

Sin otro particular, agradezco la amabilidad de su atención

Damián Loreti


Nota:
Los informes completos de las tres instituciones se pueden leer aquí: The Freedom House http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey/pfs2005.pdf
Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (http://www.cidh.org/relatorias.esp.htm)
Reporteros Sin Fronteras (http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13200)
DsD 18 - 5 - 2005
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